El Banco de España avala la reforma fiscal del Gobierno y pide más impuestos verdes

El Banco de España ha publicado este jueves su informe anual que incluye una serie de reformas que considera necesarias para relanzar la economía española tras la pandemia. El texto muestra una clara sintonía con el Gobierno en lo que se refiere a la reforma fiscal que pretende el Ministerio de Hacienda. El documento analiza las necesidades presupuestarias con las que estabilizar las cuentas nacionales y coincide con las líneas que ha traslado el gabinete que dirige María Jesús Montero: mejora de la fiscalidad verde, revisión de ciertos beneficios fiscales y un impulso de la recaudación para acercarse a la Unión Europea.

El informe que ha presentado este jueves el organismo que preside Pablo Hernández de Cos consta de cuatro apartado centrados en el impacto de la pandemia, los retos de la economía, los efectos en los sectores productivos y, por último, un análisis de la situación de la España Vaciada. En el segundo de los apartados es donde se encuadra el análisis que realiza el Banco de España sobre las necesidades fiscales del país. “Es necesaria una revisión integral de todos los capítulos de gastos e ingresos públicos y un análisis riguroso de las implicaciones que cualquier actuación fiscal presenta en términos de eficiencia económica y equidad”, señala el informe.

El Banco de España defiende que el “necesario tono expansivo” de la política económica para aplacar tendrá que dejar paso a una “consolidación fiscal” que recupere los niveles de deuda y déficit previos a la crisis. En este sentido, aboga por hacer una revisión completa de todas las partidas de los presupuestos, que debe ir acompañado de la publicación de una serie de reformas. Respecto a la fiscal, el Banco de España hace suyo uno de los argumentos que plantea el Gobierno respecto a la eventual subida de determinadas figuras impositivas: acercarse a la presión fiscal de la Unión Europea.

El organismo llama a hacer un análisis de las causas que han llevado a España a situarse en este desfase respecto a la recaudación fiscal de los países del entorno. En este sentido señala las diferencias que existen respecto a los ingresos por los impuestos indirectos, especialmente el IVA, o el Impuesto sobre Sociedades, dos gravámenes donde España se encuentra a la cola del continente. A eso añade la necesidad de “analizar la importancia del fraude fiscal en estas diferencias, y estudiar sus causas y las medidas para paliar sus efectos negativos sobre la recaudación y la necesaria equidad impositiva”.

El Gobierno ha situado Sociedades entre los impuestos que prevé elevar, especialmente a las grandes corporaciones, en el marco de la reforma fiscal, y también ha incluido medidas contra el fraude fiscal, especialmente la ley que se está tramitando en el Congreso, en el Plan de Transformación y Resiliencia que ha presentado en Bruselas. Otra de las medidas incluidas en ese plan, la revisión de determinados beneficios fiscales, se encuentra también entre las recomendaciones que le hace el Banco de España. El organismo considera “fundamental” acometer este estudio, ya que “existe un amplio margen de mejora”. “Estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos —en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB—, sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados”, apunta el Banco de España.

Tanto el Gobierno como el organismo supervisor también coinciden en señalar los impuestos verdes como una de las reformas pendientes en cuanto a la recaudación. “La política fiscal es una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en el impulso de un modelo de crecimiento más sostenible”, señala el Banco de España en el informe. El documento recuerda que la capacidad recaudatoria en España al respecto de este tipo de impuestos es “menor de la que se observa en otras economías de nuestro entorno” y argumenta que “debe desempeñar un papel preeminente”. La considera una herramienta útil “tanto para disuadir las actividades menos sostenibles medioambientalmente como para incentivar las iniciativas verdes y compensar —con sus ingresos— los costes que la transición ecológica puede suponer en el corto plazo para algunos colectivos vulnerables”.

La fiscalidad es solo una de las áreas en las que el Banco de España ha planteado reformas para la economía española. Entre otras cuestiones, apuesta por implementar medidas para ampliar la oferta de alquiler, especialmente en lo referido a ampliar el parque público y adoptar determinados estímulos fiscales para los propietarios. Otras áreas son la mejora de la inversión en I+D+i, las políticas activas de empleo o un cambio en el modelo educativo español en todos sus niveles.

Pero hay un tema en el que el Banco de España pone más atención sobre el resto, dedicando un amplio apartado específico, y en el que difiere con los planes del Gobierno. Se trata de la mochila austriaca. No es la primera vez que el organismo se muestra favorable de implementar este sistema que reduce el coste de despido de los trabajadores, a cambio de crear una cuenta a su nombre en la que se generan unos determinados ingresos anuales y que le acompaña si cambia de empresa. El Banco de España retoma de nuevo la propuesta de dedicar parte de los fondos europeos a financiar los costes de la implementación de este sistema.

El director general de Economía y Estadística del organismo, Óscar Arce, defiende que va a hacer “más justo” el grado de protección de los despidos y que “facilitaría la movilidad laboral”. La propuesta que defiende el Banco de España, pese a plantear que se utilicen fondos europeos, no aparece en ninguno de los apartados que ni el Ministerio de Trabajo ni el de Seguridad Social han remitido en el plan de recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas. La propia Yolanda Díaz se ha mostrado reiteradamente contraria a esta medida y únicamente la responsable de Economía, Nadia Calviño, ha planteado en el pasado la disposición a analizarlo.

El Banco de España detalla en su informe anual una estimación del coste que tendría su implementación, que rondaría los 9.000 millones de euros para las empresas, al tener que asumir los derechos adquiridos en el pasado y la inyección de dinero en las 'mochilas' de los trabajadores. En este punto defiende que el Estado participe en este coste y se sirva para ello de los fondos europeos. Con esta medida, el Banco de España defiende que se lograría reducir la dualidad del mercado laboral en España, penalizando la temporalidad. En último término, defiende el organismo, se podría reducir en un 50% el coste del despido en España. El propio Arce reconoció que esta medida beneficia más a aquellos que cambian voluntariamente de empresa, al arrastrar esa mochila, que a los despedidos.

Reforma de las pensiones

El organismo retoma también en el listado de las reformas necesarias en España las referidas a las pensiones. “Resulta necesario afrontar el reto que el envejecimiento poblacional supone para el sistema público de pensiones”, apunta el Banco de España. El informe rechaza la propuesta de la Airef y el Pacto de Toledo de trasladar algunos gastos de la Seguridad Social al Estado, ya que aunque reduciría el déficit del sistema de pensiones, aumentaría el de las cuentas públicas. Así propone reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas —asegurando un nivel de suficiencia para aquellos hogares más vulnerables—, aumentar la transparencia y la predictibilidad del sistema, y tener en cuenta consideraciones de equidad intergeneracional. Por ello, pide un “debate riguroso sobre el nivel de prestaciones deseado y los recursos necesarios para su financiación”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha defendido al presentar el informe anual que España ya arrastraba desde antes de la pandemia “la necesidad de elevar su potencial de crecimiento, de corregir ciertas disfuncionalidades existentes en varios mercados de bienes y factores (siendo especialmente relevantes las relativas al mercado laboral), de reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas, y de abordar los importantes retos relacionados con el envejecimiento de la población, la desigualdad y el cambio climático”. 

En este sentido, el gobernador ha defendido la importancia de los fondos Next Generation como “una oportunidad única” para impulsar la transformación de la economía, especialmente en los ámbitos digital y medioambiental. “La selección de los proyectos debería descansar sobre un esquema apropiado de procedimientos públicos de contratación y sobre un diseño adecuado de las metodologías para la evaluación de las distintas iniciativas”, ha defendido Hernández de Cos. El responsable del supervisor ha señalado que estos fondos pueden favorecer la implantación de algunas de las reformas estructurales que necesita la economía española, pudiendo mitigar los costes de su aplicación.